El gobierno de Kicillof presentó un proyecto de ley para intervenir en el funcionamiento de las plataformas de delivery, incorporando requisitos y obligaciones al sector. 

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza a paso firme con un polémico proyecto de ley que busca intervenir de manera directa en el ecosistema de las plataformas digitales de delivery. Bajo la promesa de establecer un «piso de derechos», la gestión de Axel Kicillof espera la conformación de la comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados bonaerense para imponer una fuerte regulación sobre una de las pocas salidas laborales rápidas y flexibles que quedan en pie.

El ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, justificó la embestida estatal argumentando que la reciente reforma laboral del Gobierno nacional dejó un «vacío legal» al no incluir a este sector en los esquemas tradicionales. Apoyándose en el artículo 39 de la Constitución provincial y en fallos previos de la Suprema Corte local, el oficialismo bonaerense se prepara para aplicar el poder de policía sobre las aplicaciones. Sin embargo, para los repartidores independientes, esta intervención estatal enciende las alarmas ante el riesgo inminente de perder la flexibilidad horaria, sufrir persecución impositiva y enfrentar trabas operativas que compliquen su sustento diario.