Un fondo creado por ley para financiar obras de protección contra inundaciones está siendo utilizado para cubrir necesidades del Tesoro nacional. Mientras tanto, los proyectos de infraestructura que deberían estar ejecutándose permanecen paralizados a pesar de existir dinero disponible.

La situación ejemplifica un dilema recurrente en la gestión presupuestaria: fondos legislativamente asignados a objetivos específicos terminan siendo redirigidos hacia gastos generales cuando la presión fiscal se intensifica. En este caso, las poblaciones vulnerables a inundaciones sufren las consecuencias de esta redirección.

Según el análisis disponible, el problema no radica en la falta de recursos sino en la ausencia de voluntad política para canalizarlos correctamente. Los fondos existen y están disponibles en el sistema, pero no se toma la decisión de utilizarlos en las obras que la ley manda.

Esta práctica genera una paradoja peculiar: existe superávit en términos de presupuesto asignado, pero déficit en términos de ejecución de proyectos. El dinero no falta; lo que no hay es la decisión de aplicarlo efectivamente.

Las regiones más vulnerables a inundaciones resultan perjudicadas por esta desviación de recursos. Esperaban que se concretara la infraestructura de protección prometida, pero esos fondos siguen siendo utilizados para financiar otras funciones del Estado.

El desafío futuro consiste en establecer mecanismos más robustos que garanticen que los recursos asignados a fines específicos efectivamente se usen para esos propósitos, independientemente de las presiones presupuestarias coyunturales que enfrente el gobierno. La experiencia del fondo de inundaciones ilustra la urgencia de resolver esta cuestión.

Imagen: Nataliya Vaitkevich / Pexels – Con informacion de Clarín Rural